Reflexión equilibrio de poderes.

 Reflexión equilibrio de poderes.

El Estado Colombiano como Estado Social de Derecho, organizado como una republica unitaria descentralizada, esta constituida por tres ramas o poderes públicos establecidas en la Constitución de 1991 las cuales son la ejecutiva, la legislativa y la judicial. La división del estado en 3 ramas implica que el estado no pueda ser autoritario, ya que divide el poder y con esto se crea organismos de control que vigilen la concentración del poder, fomenten un equilibrio, garantice la democracia, la protección de los derechos y promueva la participación ciudadana. Con esto se logra un funcionamiento eficaz y justo de un gobierno, ya que un gobierno sin una división clara de sus poderes, pueden conllevar a abusos de poder, falta de control, vulneración de derechos y a la fragilidad institucional, por ello la importancia del equilibrio de estas. 

A continuación veremos un breve definición de cada una de ellas y cual es su función en el gobierno: 

La rama Ejecutiva está representada por el Presidente de la Republica quien planifica, impulsa el cumplimiento de la constitución y las leyes, electo por 4 años. Junto con los ministros y directores de departamentos administrativos conforman el gobierno nacional.

Su principal función es implementar y ejecutar las leyes y políticas establecidas por la legislatura y es responsable de administrar el gobierno y dirigir la implementación de decisiones adoptado por el poder Legislativo.

La rama Legislativa, está representada por el Congreso de la Republica y la integran el Senado y la Cámara de Representantes cada uno conformado por una mesa directiva y organizado por comisiones; su misión es formular leyes, mantener el control político sobre el gobierno y reformar la constitución

Su principal función es la elaboración, modificación y aprobación de leyes, que representen los intereses de la población sobre decisiones de política publica.

La rama Judicial; está integrada por las Cortes y los tribunales, su función es solucionar los conflictos que surjan entre el Estado y los ciudadanos o entre estos últimos.